La vulneración de derechos en la frontera sur: de las devoluciones en caliente al rechazo en frontera
Las fronteras de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de España con países que no son de la Unión Europea y las únicas que actualmente mantiene la Unión Europea con África. Esas fronteras se han convertido es un preciado paso para acceder a la Unión Europea por los migrantes provenie...
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Format: | Article |
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Published: |
Universidad de Barcelona
2019-12-01
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Series: | Crítica Penal y Poder |
Online Access: | https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30409 |
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author | Margarita Martínez Escamilla José Miguel Sánchez Tomás |
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Las fronteras de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de España con países que no son de la Unión Europea y las únicas que actualmente mantiene la Unión Europea con África. Esas fronteras se han convertido es un preciado paso para acceder a la Unión Europea por los migrantes provenientes de Asia y África sin tener que intentar un, siempre peligroso, acceso marítimo. Su protección se ha convertido en una prioridad. Físicamente, son fronteras que se protegen por un complejo de altas vallas metálicas coronadas por peligrosos elementos cortantes. Este trabajo analiza, en primer lugar, las políticas públicas y los instrumentos normativos usados por España en protección de esas fronteras. Estas políticas han evolucionado desde las meras devoluciones en caliente - entrega de las personas interceptadas en las vallas sin ningún tipo de procedimiento ni posibilidad de tutela jurídica - a un intento de darles cobertura normativa mediante la regulación del rechazo en frontera. Este trabajo también expone, en segundo lugar, la lucha jurídica desarrollada por parte de la sociedad civil para evitar que en estas prácticas el estado español vulnerara los derechos fundamentales de los migrantes. De momento, el TEDH ha dictado la primera sentencia condenatoria a España. Se está a la espera de que se resuelva el reenvío solicitado por el Gobierno de España y de otros asuntos planteados ante ese Tribunal para solventar de manera definitiva esta crisis jurídica de los derechos humanos protagonizada por los gobiernos españoles durante los últimos 15 años.
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