Summary: | Mediante el estudio del periodo histórico que va desde la Revolución Restauradora (1839) hasta la consolidación nacional boliviana tras la batalla de Ingavi (1841), este artículo reflexiona sobre la compatibilidad democrática entre la violencia política y la legalidad constitucional. Para ello se interroga sobre cómo se construyó en la práctica el derecho/deber del pueblo a la revolución y cómo el recurso revolucionario institucionalizó socialmente instancias de autoridad. En respuesta se abordan, de un lado, el discurrir y accionar contextual y temporal de la figura del ciudadano armado a partir del litigio entre ejército y pueblo en torno a la representación de este último; de otro, la competencia partidaria por el modelo de Estado y el reparto de la autoridad en el mismo develada en la disputa sobre la legitimidad del acto revolucionario.
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