| Summary: | En México, durante largo tiempo la estrategia anticorrupción ha dejado de lado a los denunciantes de actos de corrupción. Su progresiva inclusión en el marco de políticas públicas conlleva la necesidad de que el Estado cumpla con ciertas obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí que, en el presente texto, se estudian tres programas de política pública anticorrupción correspondientes al periodo 2013-2019, con el objeto de comprobar si en su diseño se contemplaron medidas de protección de denunciantes, conforme a los estándares internacionales. Nos centraremos en aquellas establecidas en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los cuales pertenece México, y cuyos tratados y convenios internacionales le sujetan a un marco específico de responsabilidades internacionales.
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