| Summary: | Resumen El trabajo argumenta que resulta legítimo castigar a los funcionarios públicos por aceptar regalos en el ejercicio de sus funciones, y a los particulares por ofrecérselos; esto es, cuando la dádiva es otorgada por mera consideración al cargo, pero no involucra un compromiso por parte del funcionario de realizar cierto acto como contraprestación –quid pro quo–. Concretamente, se sostiene que por la función expresiva que desempeñan los regalos, en la medida en que favorecen el surgimiento de relaciones estrechas entre los agentes, los regalos tienen la capacidad de interferir en las decisiones de los funcionarios y, de este modo, pueden afectar el normal funcionamiento de la Administración pública. Asimismo, a partir de ciertas herramientas desarrolladas por la teoría del delito, el trabajo propone pautas para determinar en qué casos la aceptación y el ofrecimiento de regalos deben considerarse atípicos. Por último, se plantea una serie de parámetros que pueden ser útiles en la práctica para distinguir la aceptación y el ofrecimiento de regalos de los sobornos.
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