| Summary: | En el presente trabajo se plantea que la reforma del sistema de justicia debe ser considerada como una política pública. Esto implica necesariamente que el Estado debe llevar a cabo una serie de acciones para solucionar los defectos y problemas que aquejan el sistema de justicia en el Perú. En ese sentido, partimos del hecho que el sistema de justicia comprende no solo al Poder Judicial, sino también a todas aquellas entidades en cuyo seno el ciudadano puede encontrar una solución a sus conflictos o problemas de relevancia jurídica (Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, RENIEC, SUNARP, entre otras). De esta forma, el papel del Estado en la reforma de este sistema no se limita a aprobar normas ni puede quedarse en declarar principios, sino que debe materializarse en acciones en el marco de un rol dinámico. Precisamente, en nuestro trabajo planteamos algunas acciones que el Estado debe llevar a cabo para tutelar adecuadamente el acceso a la justicia de personas en situaciones en las que hay barreras estructurales que impiden el goce de sus derechos. Para ello, analizamos de forma crítica los informes CERIAJUS y CCRJ y pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
|
|---|