La criminalización de la solidaridad - Margarita Martínez Escamilla (Crítica Penal y Poder, 2019)
Una herramienta más de los Estados en su lucha contra la inmigración irregular es criminalizar a quienes auxilian a personas migrantes y refugiadas.  Este artículo analiza el marco jurídico que posibilita la persecución penal, el llamado “Facilitators Package” de la UE que exige a los Estados miembros castigar penalmente la ayuda a entrar ilegalmente, aún sin ánimo de lucro. Los Estados pueden excepcionar de la persecución penal los comportamientos humanitarios, pero no están obligados a ello. Además, nos detendremos en la situación en el Mediterráneo central, donde la persecución a las ONG de salvamento ha sido especialmente intensa y se ha llevado a cabo desde las instituciones, cada vez más accesibles a organizaciones de ideario xenófobo. Se analizará por qué salvar vidas no puede ser un delito, pero impedirlo sí. Para concluir nos referiremos al estado de la cuestión en España desde la perspectiva normativa, jurisprudencial y política.