| Summary: | En la medida que los ordenamientos comienzan a apuntar a la transparencia en la toma de decisiones automatizadas como forma de protección de las personas que puedan ser objeto de dichas determinaciones, comienza a perfilarse la necesidad de analizar cómo estas herramientas se concilian con otros bienes jurídicos que puedan verse afectados por ellas. En este texto se analiza el secreto empresarial como fuente de opacidad, revisando el vínculo de aquel con la vigencia del principio de buena fe en el Derecho del Trabajo y contrastándolo con el derecho de información de los trabajadores sobre el algoritmo, mirando el ejemplo de la Ley Rider en España, buscando evidenciar que desde dicha perspectiva se permite tanto el acceso a la información como se asegura la protección de los intereses empresariales.
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