| Summary: | El empleo por parte de la administración central, autonómica y local de sistemas basados en inteligencia artificial supone un claro avance y múltiples beneficios relacionados con la eficacia y eficiencia en su funcionamiento, pero va acompañada de múltiples riesgos que se deben gestionar desde la toma de la decisión acerca de su desarrollo o adquisición, hasta su puesta en funcionamiento y durante su ciclo de vida.
Dado que tampoco existe en la actualidad una regulación adecuada que proporcione seguridad jurídica y garantice los derechos de los ciudadanos cuando se toman decisiones que les afectan, el presente trabajo pretende tratar ciertas cuestiones que deberán ser objeto de regulación en el futuro para que las administraciones públicas puedan utilizar este tipo de sistemas con las debidas garantías.
|
|---|