| Summary: | El nuevo gobierno que llega al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anuncia un cambio de paradigma en las políticas públicas y en el constitucionalismo social mexicano. Sus primeros actos reflejan buena voluntad y conocimiento constitucional en algunos temas y contradicciones en otros. Ciertamente, se trata de un poder ejecutivo con un perfil distinto al de sus tres antecesores, pero los riesgos de que no cambie el juego democrático efectivo ni se garantice la participación política para los ciudadanos (Basurto, 2019) son latentes, pues –a corto plazo– el predominio legislativo de Morena debe ofrecer resultados concretos en el ámbito constitucional más que confrontaciones e imposiciones. Así, se pregona un cambio de paradigma en la toma de nuevas decisiones en el ámbito nacional y en el internacional; decisiones que tienen como telón de fondo las disposiciones constitucionales. En el nacional han cobrado relevancia el choque del Congreso con el Poder Judicial Federal en torno a la Ley Federal de Remuneraciones, la posible afectación al pacto federal con los delegados estatales y la controversia en la política para reducir el robo de combustibles, en el que a su vez destaca la falta de una política energética que revise los riesgos del calentamiento global. En el internacional, el tema más controvertido hasta ahora ha sido la postura pacifista frente al tema de Venezuela. El trabajo concluye con una posible ruta de las cuestiones constitucionales en torno a los problemas de derechos humanos y el cumplimiento de la sentencia del caso Atenco, que, a nuestro modo de ver, engloba mucho de lo que ya se ha trazado en las directrices internacionales para que México respete, proteja y garantice los derechos humanos.
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