| Summary: | En pocos días se derogó la institucionalidad creada para aplicar la ley por una comunicación democrática. Se borró el articulado que limitaba la concentración comunicacional y diseñaba un Estado atento a prueba de engaños en la propiedad cruzada de los medios. Se barrió con la tradición participación ciudadana con la que se había sancionado la ley y se vulneraron los derechos de las audiencias. Desde el Poder Ejecutivo se volvió a hablar de usuarios y consumidores, desconociendo la naturaleza jurídica del derecho humano a la comunicación y la nueva realidad construida por las audiencias, como plenos sujetos de derechos, de ciudadanos comunicacionales. El artículo repasa y analiza las medidas tomadas por Gobierno, señala cuáles fueron las reacciones de las distintas organizaciones y explica cómo encara su tarea la Defensoría del Público frente al nuevo escenario.
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