| Summary: | Este artículo discute la criminalización de la protesta social y la labor de defensa ambiental en Costa Rica, basándose en el estudio de caso de la lucha contra el Proyecto Minero Crucitas (PMC), entre los años 2008 y 2010. El estudio incluyó una metodología centrada en la consulta bibliográfica, hemerográfica y entrevistas a personas defensoras ambientales que enfrentaron denuncias penales por su labor de militancia contra el PMC. En este caso, como en otros países de la región, la criminalización, y particularmente, la judicialización de la protesta ha sido un recurso usado por los actores estatales y no-estatales como una forma de obstruir la labor de las personas defensoras ambientales. Asimismo, se ha constatado que, en el caso de la lucha contra el PMC, el uso de la denuncia penal mostró un triple fin: deslegitimar, intimidar e inhibir a las personas que luchaban contra la minería.
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