| Summary: | La adquisición de bienes culturales con destino a las colecciones públicas (museos, archivos, bibliotecas o fundaciones) es uno de los mecanismos necesarios para acrecentar el Patrimonio Histórico Español. Las administraciones públicas tienen el deber de responder al mandato constitucional establecido en el artículo 46, que hace referencia al enriquecimiento de tal patrimonio cultural como deber de todos los poderes públicos. La Administración General del Estado cuenta con un organismo asesor clave a este respecto: la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Por su parte, no todas las administraciones autonómicas cuentan con organismos de similar naturaleza en sus ámbitos de actuación. En este artículo nos proponemos un estudio de la cuestión, analizando las diversidades regionales existentes.
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