| Summary: | El presente artículo, con un completo apoyo jurisprudencial muestra cómo la nueva legislación contenida en la Ley 1150 de 2007 y en su decreto reglamentario, deja todavía mucho que desear y no soluciona las dudas sobre la legalidad de las facultades que se pretenden otorgar en forma definitiva a las entidades públicas para hacer efectivas las garantías contenidas en los seguros de cumplimiento; y analiza los mecanismos que se han implementado para fortalecer su eficacia sobre la base de sustraer la regulación de este seguro a las reglas que rigen este negocio jurídico en el Código de Comercio. Además de ello, se pone de presente cómo la ausencia de precisión sobre los temas de vía procesal (proceso ejecutivo o proceso ordinario) y de jurisdicción aplicable (coactiva, ordinaria o contencioso-administrativa) conducen a que continúe la vacilación jurisprudencial sobre estas materias, la discusión inacabable al respecto en el seno de la sección iii del Consejo de Estado y entre las secciones del mismo organismo. Igualmente, la falta de definición sobre el tema de las normas de prescripción o caducidad que deben ser aplicadas en este caso, siguen dejando en la nebulosa este tema. En fin, se proponen unos elementos de discusión para la solución de lo denunciado.
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