Responsabilidad penal individual de los Directores de Instituciones Educativas ante Delitos de violación.
La atribución que se les otorga a los directores de instituciones educativas para que cuiden y vigilen a las niñas, niños y adolescentes a su cargo, explica que los ordenamientos jurídicos suelan obligarles a aquellos a responder por los daños que pudieran sufrir los educandos. Esta obligación se de...
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| Published: |
Centro de Entrenamiento del Ministerio Público
2020-11-01
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| Series: | Revista Jurídica |
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| Online Access: | https://pruebaojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/161 |
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| author | David Villarroel Jeniffer Benítez |
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| description | La atribución que se les otorga a los directores de instituciones educativas para que cuiden y vigilen a las niñas, niños y adolescentes a su cargo, explica que los ordenamientos jurídicos suelan obligarles a aquellos a responder por los daños que pudieran sufrir los educandos. Esta obligación se determina, regularmente, con base en una omisión de sus deberes de protección. Ahora, si se trata de hechos de violencia sexual suscitados en el sistema educativo, la forma de afrontar la problemática se complejiza, pues debe demostrarse tanto la falta de actuación debida, a través del incumplimiento de los protocolos que rigen sus cargos –entiéndase todo tipo de regulación–, así como la posición de garante del sujeto activo. En el presente artículo, esas particularidades se abordan a partir del caso de Paola Guzmán Albarracín, lamentable ejemplo de la má condenable (in)actuaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Ecuador, situación que derivó en graves violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas. Al respecto, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un punto de inflexión que reabre el debate acerca de la necesidad de imputar –y hacerlo correctamente– a todos los autores de delitos sexuales, cometidos por quienes ejercían puestos directivos en instituciones educativas.
Biografía de los autores:
Procurador Judicial del Ministerio de Educación del Ecuador, Director Nacional de Patrocinio del Ministerio de Educación del Ecuador. Abogado por la Universidad de las Américas, Ecuador. Máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid-
España, Candidato a Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador.
Asesora 3 de la Corte Constitucional del Ecuador. Quito, Ecuador. Abogada Perfil Litigante. Graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Tutela de los Derechos, con énfasis en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia, Candidata a Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador. |
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