| Summary: | A partir de la década de los noventa, uno de los cambios más importantes en la operación de la universidad mexicana se relaciona con la instrumentación de dispositivos de regulación gubernamental, cimentados en la articulación de procedimientos de evaluación, programas de financiamiento extraordinario y exigencias específicas a las instituciones. En un escenario de contracción del financiamiento a la universidad y ante la búsqueda de una mayor eficiencia y productividad del gasto público se implementaron los procesos de evaluación. La literatura documenta el gran poder orientador de los programas de evaluación que responden a estas políticas, sobre las actividades académicas. No obstante, no existen evidencias de su repercusión en la mejora de las funciones sustantivas de la universidad. En este contexto, es fundamental que los académicos discutamos formas alternativas de evaluación que realmente se orienten al mejoramiento de la calidad.
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